Redacción
El Pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad de votos, reformas a los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato en materia de comunidades indígenas y afromexicanas.
Con estas reformas se establece que la Constitución local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural y multiétnica del estado; así como el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; en la toma de decisiones de carácter público; en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
Se precisa que son pueblos indígenas, aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en el estado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.
Se agrega que, los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas, asentados en el estado desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, y que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
Se añade que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, en los términos y condiciones que determine la Ley de la materia; así como de los pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodeterminación, tomando en cuenta los principios generales de la Constitución Federal y criterios etnolingüísticos físicos, de asentamientos físicos y de autoadscripción.
Además, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; se agrega que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural; y que el Estado y los municipios garantizarán y fortalecerán la educación indígena intercultural y plurilingüe.
De igual manera, se establece en el artículo segundo transitorio que el Congreso del Estado deberá llevar a cabo dentro del término de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto y en los términos de la Ley General que al efecto expida el Congreso de la Unión en la materia, las adecuaciones a fin de establecer en la legislación estatal las disposiciones que satisfagan los extremos de la presente reforma para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los siguientes rubros:
A la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales, patrimonio cultural material e inmaterial, propiedad intelectual colectiva; así como a su inclusión en la producción y registros de información, estadísticas y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción.
A desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio; así como a la garantía por parte del Estado del acceso a la salud intercultural y al reconocimiento de las personas, incluidos saberes y prácticas.
A una atención adecuada para niñas, niños y adolescentes en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, respecto del acceso a la educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo.
A ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
A que el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo de la Entidad garantice el derecho al desarrollo integral de las personas indígenas con pleno respeto a su autonomía, basado en sus formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
A que en el Presupuesto de Egresos del Estado se establezcan asignaciones presupuestales destinadas a pueblos y comunidades indígenas que serán administradas y ejercidas directamente por estos de acuerdo con la Ley en la materia, observando criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks habló como autor del dictamen. Señaló que para llegar al producto final se desarrollaron 7 foros de consulta de los cuales 3 se realizaron en las instalaciones del Congreso y tres más en los municipios de San Miguel de Allende, Tierra Blanca y en San Luis de la Paz, junto a las deliberaciones internas de los pueblos y comunidades originarias en compañía con instituciones que rigen la materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Derechos Humanos.
Agregó que a la normativa local se ha incorporado el reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias, la igualdad sustantiva, la libre determinación, el reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y la calidad y el orgullo de la pertenencia cultural, aspectos que se relacionan con la hoja de ruta que las personas de dicho sector de la población han trazado.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas y los diputados Roberto Carlos Terán Ramos, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, María Eugenia García Oliveros y Plásida Calzada Velázquez.
El legislador Roberto Carlos Terán Ramos se refirió a la riqueza de la entidad y señaló que hoy no era un día cualquiera, sino que estaban no solo para votar una reforma sino para mirar de frente a la historia y saldar, aunque sea en parte, una deuda que en el tiempo se había quedado pendiente.
Apuntó que este día lleva sus nombres, sus luchas y su resistencia; que lo que iban a votar no era un trámite legislativo sino un acto de justicia, era reconocerlos como sujetos de derecho público, titulares de derechos colectivos, guardianes de identidad y memoria, y protagonistas de esta tierra.
El congresista remarcó que la reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, derecho a la libre determinación y autonomía con lo cual se da un paso enorme en la formalización de los derechos colectivos de este sector históricamente vulnerable. Agregó que se impacta la igualdad sustantiva, al reconocer el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en los procesos de desarrollo integral.
Finalmente, dijo que nunca más sin ellos, nunca más un Guanajuato sin la fuerza, la dignidad y la sabiduría de sus pueblos originarios y afromexicanos. “Este acto nos compromete a quienes hoy tenemos la responsabilidad de legislar a no volver a fallarles, que nunca más haya un pueblo ignorado, una comunidad silenciada o una cultura marginada, porque el reconocimiento que hoy les damos debe transformarse en acciones, en recursos, en políticas que honren su autonomía, que respeten su voz y que garanticen sus derechos”, concluyó.
Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia expresó que la reforma discutida es un paso fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en la que se reconozcan y protejan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que con la modernización de leyes también se honra la diversidad cultural que ha hecho de Guanajuato un estado lleno de riqueza y tradición.
Asimismo, comentó que se reconoce formalmente el derecho a ser actores plenos en la toma de decisiones, al permitirles gestionar sus propios recursos y conservar su legado cultural, además de que se establece la obligación de que el presupuesto de egresos del Estado incluya asignaciones específicas bajo criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales para responder a las necesidades de cada comunidad de manera autónoma.
En su oportunidad, la legisladora María Eugenia García Oliveros refirió que la iniciativa viene desde el sexenio pasado a nivel federal, con la que se le hace justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Afirmó que con estas modificaciones se establece un marco jurídico para reconocer y proteger a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con las que se reconoce su derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables; a preservar, difundir y fomentar su cultura, sus lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza y aprendizaje; el derecho a ser consultados; establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades; entre otros aspectos.
Precisó que el dictamen recoge la suma de voluntades que van más allá del campo de la política y que, bajo el principio de que la ley puede ser perfectible, se daba un paso muy importante para todos los pueblos originarios del estado y para los integrantes de la población afromexicana en Guanajuato. “Sin derechos no hay desarrollo posible y sin los pueblos indígenas y afromexicanos no hay República verdadera”, finalizó.
Finalmente, la diputada Plásida Calzada Velázquez mencionó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han sufrido discriminación y acoso en diferentes momentos de la historia en el que se llegó a condicionar el derecho a la ciudadanía.
La congresista precisó que en la actualidad existen personas que continúan ejerciendo esfuerzos para el reconocimiento de derechos fundamentales, que son parte de una deuda histórica de más de 500 años que abarca diversos aspectos pendientes relativos a la importancia de la cultura y la identidad de los pueblos y comunidades originarias.