Acusa Coparmex “chicanada” en el caso Santa Lucía; habrá que ir a la Corte

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó como “una chicanada” del Ejecutivo Federal, el argumento de que el Aeropuerto de Santa Lucía es una instalación estratégica, presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de librar los amparos promovidos por empresarios y otros ciudadanos. 

Gustavo de Hoyos, dirigente de esa organización empresarial, señaló que ante la presión ejercida por el Gobierno Federal para que un juez revocara la suspensión de las obras, será necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay una chicanada legal clara que tiene que ver con esta categorización que se hizo de la instalación de Santa Lucía como una instalación estratégica, y fue precisamente esto y también las declaraciones que se dieron reiteradamente por el titular del Ejecutivo los que en buena medida determinaron la variación del criterio del juez de distrito. Hoy esto es una realidad”, planteó. 

“Por esto y porque nos parece que el asunto amerita un análisis del más alto tribunal, es que pensamos que la Suprema Corte debe atraer el asunto”, dijo, tras subrayar que el Gobierno Federal está abriendo una “puerta falsa” con el argumento de la instalación estratégica y la seguridad nacional. 

Al acudir a la Cámara de Diputados a reunirse con congresistas, para abordar el tema del presupuesto 2020 y algunos cambios fiscales que propone el Ejecutivo Federal, De Hoyos Walther indicó que el tema de Santa Lucía no se restringe solo a la construcción de una terminal aérea, ya que se trata de una cuestión de respeto al marco legal y al Estado de derecho. 

Enfatizó que ante la determinación del juez, de dar luz verde a la realización de las obras referidas, lo que resta es acudir al máximo tribunal en el cual se mantiene la confianza. 

Respecto al análisis de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2020, señaló que en los próximos días se intensificará el acercamiento con los congresistas, para plantear los temas que preocupan al sector patronal. 

Entre los elementos que deberían someterse a análisis y eventual rectificación, dijo, están las sanciones de cancelar sellos digitales, las cuales calificó como excesivas; pretender que las empresas no puedan deducir intereses si no tienen utilidades; el gravar la economía digital; y la criminalización de quienes reciban facturas falsas. 

Indicó que el empresariado apoya el combate frontal a las empresas “factureras”; sin embargo, existe coincidencia en la iniciativa privada que se criminalice a pequeños contribuyentes que puedan incurrir en una falta, y que la autoridad de trato de “delincuentes” a todos los empresarios. Las medidas no pueden ser tan excesivas, expresó.