Programas sociales carecen de reglas de operación, hay que adecuarlos: diputada

Los principales programas sociales del Gobierno Federal requieren reglas de operación que permitan evaluar de manera objetiva sus resultados y si están llegando a los beneficiarios, planteó la secretaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Laura Imelda Pérez.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que es necesario medir la aplicación de dichos programas, para conocer su grado de efectividad.

Pérez Segura refirió que de acuerdo a la organización México Evalúa, el 58 por ciento de los recursos aprobados para la política social, se otorgaron a programas sin reglas de operación, por lo que 365 mil millones de pesos se asignaron a acciones que no podrán ser medidas y evaluadas de manera específica.

Al considerar que es preciso establecer reglas para todos los programas sociales del Ejecutivo Federal, a fin de terminar con prácticas que promueven la opacidad e incluso la corrupción en el uso de recursos públicos, como ocurrió en sexenios pasados, la diputada de Morena hizo mención especial sobre las acciones que instrumenta la Secretaría de Bienestar.

Indicó que la Pensión para Adultos Mayores y Sembrando Vida, adscrito a esa instancia gubernamental; y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo (STPS), se llevan el 44.6 por ciento de todos los recursos de la política social asignados este año, con 123 mil millones de pesos y 40 mil millones de pesos, respectivamente, no tienen reglas de operación.

Añadió que solo cinco de 19 acciones tienen reglas mínimas como parámetros de cobertura, mecanismos de entrega de recursos y una población objetivo definida. No obstante, no hay metodologías de evaluación ni control, por lo que difícilmente se podrá determinar en qué medida beneficiaron a la población.

Señaló que el propósito general de dichos programas es combatir la desigualdad, redistribuir el ingreso, generar oportunidades para la población vulnerable y dar una mayor dinámica a la economía interna, lo cual es loable.

Sin embargo, abundó, necesitan mayor transparencia y reglas claras de acceso al recurso, así como parámetros de evaluación de desempeño e impacto social.

De lo contrario, manifestó, será difícil evaluarlos y determinar si cumplieron los objetivos establecidos por la administración federal.