Asiste Libia Dennise al Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

Redacción

Silao y Guanajuato, Gto..- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó el compromiso de su administración con la libertad de expresión, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento de las acciones preventivas que permitan garantizar el ejercicio de estas labores fundamentales para la vida democrática.

Al asistir a la presentación del Informe Anual del Consejo Estatal de Protección sobre la Situación de las Agresiones contra la Libertad de Expresión y en Materia de Seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Libia Dennise manifestó su beneplácito por participar en este ejercicio, del que resaltó el esfuerzo conjunto que se realiza para proteger a quienes defienden derechos y a quienes informan con responsabilidad a la sociedad.

Destacó que uno de los mayores avances de este año se encuentra en el enfoque preventivo, con la presentación del Atlas de Riesgos 2025, un ejercicio único en el país que permite identificar zonas, condiciones y factores de vulnerabilidad para anticiparse y actuar antes de que ocurra una agresión.

La Gobernadora resaltó el trabajo que se realiza a través del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

Para este año, agregó, se destinó a este rubro un presupuesto de 1.15 millones de pesos, que continuará fortaleciéndose para consolidar los objetivos trazados.

“Cuando hablamos de protección, lo que buscamos es prevenir; llegar antes, atender con toda oportunidad a quienes están trabajando tanto en el periodismo como en la defensa de los derechos humanos”, comentó la Gobernadora, al destacar que Guanajuato avanza a nivel nacional en estos temas y continuará fortaleciendo esta labor.

“Este es un tema prioritario para nuestra Administración; hemos atendido cada caso, a través de la Secretaría de Gobierno, de manera inmediata, cercana y con empatía”, añadió.

La Gobernadora reiteró que en Guanajuato existe plena coordinación institucional para garantizar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como para investigar cualquier agresión que se presente.

“En Guanajuato no hay cabida para la impunidad. Toda conducta que vulnere la libertad de expresión o el trabajo de quienes defienden los derechos humanos debe ser atendida con seriedad, investigada y sancionada conforme a la ley. Nuestro compromiso es fortalecer las condiciones para que ejerzan su labor con seguridad y libertad”, expresó.

Durante el último año, el Consejo Estatal consolidó una política pública con enfoque preventivo, implementó 87 medidas de protección, puso en marcha mecanismos de apoyo inmediato y fortaleció herramientas como el Atlas de Riesgos 2025, posicionando a Guanajuato como una de las entidades con mayores avances institucionales en materia de protección a periodistas y personas defensoras.

“Cuentan con este Gobierno de la Gente para seguir construyendo un Guanajuato de paz que nos merecemos”, puntualizó la Gobernadora.

El Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, al presentar el Informe, dijo que “quienes dedican sus vidas a informar y a defender los derechos humanos llevan a cabo una labor de enorme importancia; es mucho más que un trabajo, es una vocación que salvaguarda a toda la sociedad y cuyo ejercicio debemos proteger con la fuerza de las instituciones y de la Ley”.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de refrendar este compromiso cívico, jurídico, institucional y humano que desplegamos todos los días a través del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, apuntó el Secretario de Gobierno.

Durante este periodo se implementaron 87 medidas de protección estatales dirigidas a periodistas y personas defensoras en situación de riesgo.

También se puso en marcha el esquema de Medidas de Apoyo Inmediato, un mecanismo innovador que contempla apoyos económicos extraordinarios para salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y libertad de las personas beneficiarias en situaciones críticas.